Japón es el líder mundial en innovaciones. Por lo tanto, no hay nada sorprendente en que la regulación legal de las operaciones con criptomonedas en Japón no esté prohibida por la legislación del país.
Existe una Comisión de Activos Digitales de Japón, y también hay una ley especial sobre la regulación de los intercambios. En este país, el dinero digital se grava de acuerdo con las normas estándar del país.
REFERENCIA HISTÓRICA
Los primeros pasos en la regulación de la circulación del dinero digital en Japón se iniciaron en febrero de 2014 tras la caída de la gran bolsa MtGox. La reacción del Partido Liberal Democrático no se hizo esperar: pronto se publicó una declaración oficial sobre la fiscalidad, las operaciones con la criptodivisa y el estatus legal de los Bitcoins.
En el verano, se creó la Comisión de Activos Digitales de Japón, cuyas funciones incluían la protección de los intereses del negocio de las criptodivisas. No se trata de una organización estatal, sino de un organismo autocontrolado. No obstante, las autoridades apoyan a la Comisión.
En junio de 2015, el gobierno comenzó a explorar la posibilidad de adoptar nuevos métodos para contrarrestar la legalización de ganancias ilegales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales que pueden llevarse a cabo utilizando criptodivisas.
A finales de 2015, se supo que el Consejo del Sistema Financiero había creado un grupo de trabajo que elaboró propuestas para la regulación del dinero digital. Se sugirió que los intercambios pertinentes se registraran en la Agencia de Servicios Financieros.
En febrero de 2016, apareció la información de que estaba previsto introducir cambios en la legislación que permitieran considerar el dinero digital como una moneda. Se suponía que tales cambios darían la oportunidad de invertir en la criptomoneda y afectarían a las normas de las bolsas.
En mayo se aprobó el proyecto de ley correspondiente, pero el dinero digital no se equiparó a la moneda, sino a los activos. Así, la criptodivisa se ha convertido en un medio no de pago, sino de intercambio.
Desde ese momento, la actividad de las organizaciones de criptodivisas en Japón ha aumentado, y uno de los principales bancos japoneses está desarrollando su propia criptomoneda.
Basándose en 11 actos jurídicos reguladores, el Partido Liberal Democrático declaró que la criptodivisa no es un valor ni ningún tipo de moneda. Los bancos japoneses no pueden abrir cuentas en Bitcoin ni ser intermediarios en las operaciones con dinero digital.
El primer manual, publicado por la Comisión de Activos Digitales de Japón, recomendaba ponerse en contacto con la Comisión a la hora de crear plataformas de comercio e intercambios que trabajen con criptodivisas. Además, la guía se refería a la adopción de medidas para evitar la legalización de fondos obtenidos de esta manera a partir de actividades ilegales.
También se trataba de la seguridad de los usuarios. Otra recomendación fue el uso de la política «Conozca a su cliente».
En mayo de 2016 se aprobó una nueva ley que
exigía el registro obligatorio de las bolsas en la Agencia de Servicios Financieros;
permitía al regulador realizar controles e incluso aplicar medidas administrativas a las bolsas;
reconocía el valor de la criptodivisa, equivalente a los activos, pero la moneda digital no se consideraba un medio de pago
clasificó la moneda digital como un medio de intercambio, a través del cual es posible adquirir bienes y servicios.
FISCALIDAD
A partir de la declaración del Partido Liberal Democrático, la criptomoneda y las operaciones relacionadas se gravan de acuerdo con las normas estándar del Estado.
Así, el impuesto sobre la renta se aplica a los ingresos de una persona física, y las personas jurídicas pagan impuestos sobre los beneficios. Además, las ventas de dinero digital están sujetas a un impuesto sobre el valor añadido.
La regulación legal de las operaciones con criptomonedas en Japón es un proceso complejo que requiere la ayuda de expertos legales. Póngase en contacto con Eternity Law International para obtener ayuda calificada de abogados profesionales.